INFORME AL PROYECTO DE LEY DE SALUD PÚBLICA

el .

INFORME CONJUNTO EMITIDO POR  LOS ILUSTRES COLEGIOS

OFICIALES DE VETERINARIOS DE CÁCERES Y BADAJOZ, LA SOCIEDAD

CIENTÍFICA DE VETERINARIA DE SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA, Y

EL SINDICATO VETERINARIO DE EXTREMADURA, EN RELACIÓN AL

PROYECTO DE LEY DE SALUD PÚBLICA DE EXTREMADURA EN FASE

DE TRÁMITE PARLAMENTARIO. ( para seguir haz clic en "leer más")

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE

SALUD PÚBLICA DE EXTREMADURA

Examinado el Proyecto observamos con preocupación la omisión de algunos

aspectos que consideramos básicos, pues inciden de manera primordial en la protección

de la Salud de los extremeños y que en ningún caso debieran pasarse por alto en esta

Ley. En concreto, constatamos que no hay referencia expresa alguna a la salud animal y

a los peligros sanitarios para la población humana asociados a la vida animal y sus

producciones, alimentos, subproductos y residuos, en todo el texto del articulado, así

como al papel imprescindible, que dentro del concepto de atención integral a la salud, le

corresponde a la
veterinaria de salud pública, entendida como el conjunto de

actuaciones, prestaciones y servicios que tienen por objeto la protección de la salud

de los ciudadanos, eliminando o reduciendo los riesgos sanitarios ocasionados por los

peligros biológicos, químicos, nutricionales y físicos con origen en la vida animal y su

producciones, y que se desarrollan en los ámbitos de la salud y el bienestar animal, la

seguridad, higiene y calidad alimentaria y nutrición, salud ambiental, promoción de

la salud mediante la formación, información y educación sanitarias, docencia e

investigación y la gestión sanitaria
.

De entre los muchos argumentos en los que fundamentamos nuestra opinión,

consideramos son dignos de destacar los siguientes:

1.- Argumentos históricos.- En España desde hace más de dos siglos las acciones de

protección de la salud de la población frente a los peligros sanitarios de origen animal

han sido llevados a cabo por veterinarios que actuaban con el carácter de autoridad

sanitaria, dependientes orgánicamente de Ministerio competente en materia de Sanidad,

dando así cumplimiento a los mandatos emanados de todas la leyes generales de sanidad

que se han publicado en nuestro país, la de 1855, la de 1904, la de 1944 y la de 1986, y

a los reglamentos que las desarrollaron.

Dichos profesionales sanitarios, con carácter de inspectores, se constituyen en

verdaderos centinelas sanitarios al abordar de forma integral y a pie de obra, desde las

explotaciones ganaderas, pasando por el matadero, las industrias alimentarias y hasta el

consumidor final, como primer eslabón de la cadena de control sanitario oficial,

aquellas actividades de su competencia que pudieran tener incidencia en la salud

pública, y han contribuido decisivamente, y de forma muy especial en nuestra

comunidad autónoma, a que los ciudadanos tengamos los actuales niveles de salud y

calidad de vida.

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A modo de resumen relacionamos la normativa correspondiente sobre la que se

asienta dicho modelo de prestación en materia de salud pública:

-Reglamento del Ayuntamiento de Madrid, sobre Inspección de alimentos de

origen animal, publicado en 14 de diciembre de 1842, constituye la primera

reglamentación de inspección veterinaria que se conoce, en la que se incluyen

las competencias de los veterinarios municipales en el control sanitario de las

carnes, la leche y el pescado.

-Reglamento para las Subdelegaciones de Sanidad Interior del Reino, de 24 de

julio de 1848, en el que se determina que las profesiones incluidas en el ramo de

la sanidad son: Medicina, Veterinaria y Farmacia.

-Ley de 28 de noviembre de 1855, sobre el Servicio General de Sanidad, por la

que se dota a los subdelegados de sanidad en cada partido judicial, de

importantes competencias en el control del ejercicio de todos los profesionales

sanitarios, incluidos los Inspectores de Carnes, que debían ser facultativos

nombrados de entre los profesores de Veterinaria de más categoría.

-Reglamento de Inspectores de Carne aprobado por Real Orden de 24 de febrero

de 1859, donde establece que todo municipio en el que se sacrificasen reses de

consumo debían contar con dicho servicio de inspección veterinaria.

-Instrucción General de Sanidad del 12 de enero de 1904 por la que se

remodelan las estructuras existentes en materia sanitaria, y se refuerzan las

competencias de salud pública con la creación de las Inspecciones Provinciales

Veterinarias en sustitución de aquellos subdelegados de sanidad en cada partido

judicial.

-Reglamento Básico del Cuerpo de Veterinarios Titulares de 22 de marzo de

1906, por el que queda constituido un modelo organizativo que con ligeros

matices se ha mantenido hasta la década de los ochenta del siglo pasado.

-Reglamento de Inspectores Municipales Veterinarios de 14 de junio de 1935.

Dicho reglamento recoge de forma pormenorizada las funciones, deberes y

derechos de estos inspectores sanitarios.

-Ley de Bases de Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944, refuerza la

integración a la Sanidad Pública de los Servicios de Higiene y Sanidad

Veterinaria.

-Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios Locales aprobado por

Decreto de 27 de noviembre de 1953, normativa que recoge en su artículo 31

cuales son los cuerpos generales sanitarios que como Funcionarios Técnicos del

Estado al servicio de la Sanidad Local constituyen los Servicios Sanitarios

Locales. Se trata de un reglamento multidisciplinar que regula las competencias

profesionales de todos los sanitarios locales: veterinarios, médicos,

farmacéuticos, practicantes y matronas titulares.

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-Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud publicado en 1984, constituye un

primer paso para ir hacia un modelo de atención sanitaria integral, que luego

consagraría la Ley 14/1986 general de sanidad.

2.- Situación actual de la veterinaria de salud pública.- A pesar de que las

estructuras sanitarias presentes al día de hoy permiten un cierto nivel de control de los

riesgos sanitarios objeto de debate, no es menos cierto que muestran carencias

importantes, algunas de las cuales se han venido evidenciando con las sucesivas crisis

sanitarias, alimentarias y no alimentarias, que han tenido lugar en los últimos años,

originadas en unos casos por agentes biológicos y en otros por agentes químicos.

La contaminación química de alimentos de origen animal, como es el caso

reciente de las dioxinas en Alemania, donde la producción primaria aparece como el

principal punto crítico de control sanitario; o la presencia de nuevas enfermedades como

la EEB Encefalopatía Espongiformes Bovinas (Vacas locas), el Síndrome Agudo

Respiratorio Severo o la Gripe Aviar Altamente Patógena, que se presentan como el

anticipo de otras zoonosis emergentes, según adelantan numerosas publicaciones

científicas, solo podrán abordarse con garantías desde la concepción de una
Veterinaria

de Salud Pública Integral, y con una identidad propia y diferenciada, dentro del

Sistema Sanitario Público.

En este sentido cabe destacar el nuevo enfoque, en materia de protección de

salud, de la Comisión Europea, pues conscientes de esos graves riesgos para la salud de

la población que podría ocasionar la falta de controles sanitarios en los ámbitos de la

salud animal y de la producción primaria de alimentos, como una parte del control

sanitario integral de toda la cadena alimentaria y de las zoonosis, adopta la decisión de

incluir la FVO (oficina veterinaria y alimentaria) dentro de la Dirección General de

Salud y Protección de los Consumidores (DGSANCO). El actual modelo de la

Comisión Europea aporta mayores garantías a los ciudadanos al minimizar el marcado

conflicto de intereses que se daba cuando estos controles se hacían desde ámbitos no

sanitarios.

Por otro lado, numerosos informes científicos, respaldados por diferentes

Organismos Internacionales como la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), la

Organización Mundial de Sanidad Animal (O.I.E.) o la Organización Panamericana de

la Salud (OPS), que preconizan, bajo el lema
“la vida animal y la vida humana comparten una misma salud”, la necesidad de dar una respuesta global e integrada ante

los problemas de salud.

3.- Respaldo normativo.-

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que constituye la respuesta

normativa básica para hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a la protección

de la salud recogido en los artículos 43 y 49 de nuestra Constitución, prioriza la salud

pública dentro del concepto de atención sanitaria integral, tal y como figura en su

artículo 3:
“los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientadosprioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad” y

dentro de ese ámbito de la atención sanitaria establece como una actividad con entidad

propia la salud pública veterinaria, tal y como queda recogido en su artículo 8, punto 2:

“se considera actividad básica del sistema sanitario la que pueda incidir sobre el

ámbito propio de la Veterinaria de Salud Pública en relación con el control de la

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higiene, la tecnología y la investigación alimentarias, así como la prevención y lucha

contra las zoonosis y las técnicas necesarias para la evitación de riesgos en el hombre

debidos a la vida animal”
.Por otro lado, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, recoge en su

artículo primero los objetivos y fines de la ley, entre los que destacamos:

Art.1, 2.b.
La protección de la salud humana y animal mediante la prevención,

lucha, control, y en su caso, erradicación de las enfermedades animales susceptibles de

ser transmitidas a la especia humana o que impliquen riesgos sanitarios que

comprometan la salud de los consumidores.

Art.1.2.c. La prevención de los riesgos para la salud humana derivados del

consumo de productos alimenticios de origen animal que puedan ser portadores de

sustancias o aditivos nocivos o fraudulentos, así como de residuos perjudiciales de

productos zoosanitarios o cualesquiera otros elementos de utilización terapéutica

veterinaria.

También, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de lasProfesiones Sanitarias, incluye como profesión sanitaria a nivel de licenciado

universitario al Veterinario, describiendo en el art. 6.d sus competencias específicas en

materia de salud pública:
“Corresponde a los licenciados en veterinaria el control de la

higiene y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen

animal, así como la prevención y lucha contra las enfermedades animales,

particularmente las zoonosis, y el desarrollo de las técnicas necesarias para evitar los

riesgos que en el hombre pueda producir la vida animal y sus enfermedades”.

( se hace referencia a legislación autonómica que no reproducimos aquí)

En resumen, podemos afirmar que existen razones históricas, científicas,

sociales y legislativas para seguir considerando la veterinaria de salud pública como

una actividad básica del sistema sanitario público, incorporando el concepto de forma

expresa en el articulado del texto. En caso contrario, su omisión supondrá una rémora

para el desarrollo reglamentario posterior, que será elaborado desde una óptica

completamente desenfocada, con el consiguiente coste en términos de salud y calidad de

vida de los ciudadanos.